La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 obligó a la Administración de Justicia a adoptar importantes cambios normativos necesarios en las instituciones procesales y en el ámbito organizativo,  con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

Superado el estado de alarma, la Administración de Justicia debe adaptarse a la nueva normalidad, tomando en consideración los derechos y las necesidades de la ciudadanía como usuaria del servicio público de la Justicia en ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y garantizar el derecho a la salud tanto de esta como del conjunto del personal y profesionales del sector de la Justicia. Junto a ello, y en relación con el aumento de litigiosidad previsto, la Administración de Justicia debe prepararse no solo para dar respuesta a la misma, sino para erigirse en factor determinante en el proceso de recuperación económica. Por ello, la Ley 30/2020 introduce importantes mejoras respecto del Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las medidas previstas en el mismo, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos aspectos en las mismas, como por ejemplo la puesta en marcha del Tablón Edictal Judicial Único para la publicación y consulta de resoluciones y comunicaciones cuando lo establezca la ley. Asimismo, durante el tiempo que transcurra hasta rebasar esta nueva normalidad y contar con medidas efectivas contra la COVID-19, es imprescindible seguir adoptando medidas organizativas y tecnológicas necesarias para evitar situaciones de contagio.

La Administración de Justicia, el personal que presta en ella sus servicios, los profesionales e incluso los ciudadanos, se han adaptado con rapidez a los instrumentos tecnológicos existentes, habiéndose ampliado notablemente su dotación y optimizado su uso durante la pandemia. Esta crisis sanitaria nos ha hecho más conscientes de la necesidad de adaptar nuestra Justicia a la realidad digital, como medio de favorecer la proximidad, la agilidad y la sostenibilidad del servicio público, pero también como un medio para la protección de la salud. Por ello en esta Ley se incluyen medidas de carácter organizativo para garantizar la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas y se fomentan medidas para incorporar las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de los ciudadanos y ciudadanas con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.

El procurador como profesional colaborador de la Administración de Justicia viene obligado a conocer todas estas medidas y a coloborar en su implementación para contribuir a la protección de la salud de todos los ciudadanos sin que ello conlleve una ralentización del servicio público de Justicia, de ahí la importancia de este curso que ayudará a entender las medidas que implementa la citada ley y a analizar y buscar solución a la diversa problemática que se puede plantear en el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.

Cualquier Procurador que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el mismo despacho.