Introducción.
Las mejoras posibles a corto y medio plazo para nuestra profesión.
Y así, las exigencias de cambio y modernización en la Admón. de Justicia que reclama la sociedad actual y, en especial, la unánime solicitud de una dinámica y eficiente tramitación de los procesos, sin merma de la preservación de su tecnicismo e imparcialidad, recomiendan que el Procurador de los Tribunales tenga una más destacada intervención en el área jurisdiccional y en ámbitos conexos.

Análisis sociológico.
Partimos de un breve análisis sociológico que nos situará en el momento actual en el que nos encontramos; señalando al propio tiempo las pautas que consideramos pertinentes para seguir avanzando y lograr los retos que aún nos quedan pendientes, entre los que cabría resaltar, como acabamos de señalar, la adquisición de mayores cuotas competenciales.
El tema de la formación continuada o permanente (cada vez más valorada) deberá ser (ya lo está siendo) otro aspecto estatutariamente reglado y  obligatorio. Todo ello en base a la consecución de una mayor cuota de competencias, algunas ya en vigor tras las importantísimas reformas legislativas de los últimos tiempos.

Instituciones Corporativas.
Estar donde estamos hoy los Procuradores/as no ha sido tarea fácil. Hoy más que nunca creemos que el Consejo General, los Consejos Autonómicos y los Colegios deben compartir idénticas sinergias, proyectando sus esfuerzos en una misma dirección, que no es otra que el interés común de la profesión.

La Oficina Judicial.
El papel que los Procuradores debemos desempeñar en la Oficina Judicial debe considerarse de vital importancia para el futuro de la Admón. de Justicia.
Las aportaciones y la cooperación de los Procuradores en la implantación de sistemas telemáticos de comunicación judicial están siendo un reto y una necesidad, si queremos que la Oficina Judicial no se anquilose en el pasado, enquistando aún más uno de los problemas que con más frecuencia se han achacado a la Admón. de Justicia, como es el de las dilaciones indebidas.

El acceso a la profesión.
España era el único país de la Unión Europea en el que se podía acceder al ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador, sin otros requisitos de formación más que la Licenciatura en Derecho.
Finalmente, fue promulgada la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. (BOE núm. 260 de 31 de octubre de 2006).

Procuradores y abogados, oficiales o empleados de despacho. Alumnos de grado en derecho o máster.

Deontología profesional.
La dejación de funciones, los abusos, la relajación en el cumplimiento de los deberes y en general la inobservancia de obligaciones y deberes, se está convirtiendo en algo omnipresente en todos los campos de la vida jurídica. Por eso, los Procuradores no podemos volver la espalda a una cuestión en la que se juegan aspectos sustantivos de nuestro reconocimiento social.

Ampliación de competencias.
No es nuevo el sentimiento tanto entre Procuradores como en otros ámbitos profesionales e institucionales de la Admón. de Justicia, de que somos un colectivo infrautilizado.
Con la cualificación especializada del Procurador/a nuestras competencias podrían (y deberían) ser ampliadas; en beneficio de la Admón. de Justicia y, sobre todo, en beneficio del propio litigante.
La Ley de Medidas de Agilización Procesal de 10 de octubre de 2011 ya acentuaba la actuación del Procurador/a como colaborador/a de la Admón. de Justicia en la línea marcada por el “Libro Blanco de la Justicia” elaborado por el CGPJ en 1987.

El Procurador del Siglo XXI.
En base lo expuesto nos atrevemos a realizar un “retrato robot” (permítasenos la expresión) del Procurador/a del Siglo XXI; insistiendo una vez más en que esos cambios serán beneficiosos para el Procurador, para la Admón. de Justicia y para la sociedad en general.
Debería acreditarse una sólida formación jurídica en general y una contrastada cualificación práctica y especializada en Derecho Procesal. El Procurador/a debe ser el “gestor del proceso”, sin olvidar la mediación y la conciliación.

Debe también proveerse de una adecuada infraestructura en comunicaciones telemáticas. Es impensable el ejercicio profesional no ya de futuro, sino de hoy mismo, sin un soporte informático de la máxima actualidad.

Tampoco podemos cejar en la extraordinaria labor que aún nos queda por conseguir plenamente: la ejecución delegada.

Resulta igualmente inaplazable e inexcusable la observancia absoluta del Código Deontológico.

Finalmente, el Procurador del Siglo XXI deberá recuperar la dimensión vocacional de la profesión. La función de la Procura es, antes que nada, vocación, y por ende, de servicio a la sociedad.

Unión, mucha unión, esperanza, ilusión y trabajo, mucho trabajo. Con estos ingredientes estoy seguro de que nos aguarda un futuro más que prometedor.