En la presente ponencia impartida por Dña. Mª José Achón se analizan los muchos y variados problemas que suscita la ejecución de una sentencia dictada en un juicio de división de cosa común.

PROGRAMA:

I.- Peculiaridades que se plantean en el proceso de ejecución de una sentencia de división de cosa común

• 1.- Inoperancia del plazo de caducidad de la acción ejecutiva
• 2.- Posibilidad de que inste la ejecución el que haya actuado como demandado en el juicio declarativo
• 3.- Iniciación de la ejecución aun cuando uno de los comuneros haya sido declarado en concurso
• 4.- Dudosa posibilidad de instar la ejecución provisional
• 5.- Pago entre todos los comuneros de los gastos que suscita la ejecución
• 6.- Peculiaridades de la subasta
  • A.- Valoración del bien de manera distinta que en el juicio declarativo anterior
  • B.- Inaplicación de lo previsto en el art. 657 de la LEC
  • C.- Improcedencia de practicar liquidación de cargas
  • D.- Imposibilidad de que los acreedores que constan en el Registro se subroguen en la posición del ejecutante
  • E.- Inaplicación de lo dispuesto en el art. 656.2 LEC
  • F.- Posibilidad de establecer unos portentajes distintos de los previstos en el art. 670 LEC para aprobar el remate
  • G.- Concesión a la parte ejecutante y ejecutada de iguales prerrogativas
    • a.- Exención del depósito para pujar
    • b.- Posibilidad de que los ejecutados participen en la subasta
    • c.-  Concesión del derecho a ceder el remate a cualquiera de ellos
    • d.- Inoperancia de lo previsto en el art. 670.4 LEC
    • e.- Posibilidad de que cualquiera de los comuneros se adjudique el bien en caso de que solo haya posturas ofreciendo pagar el precio de remate a plazos
    • f) Potestad de cualquiera de ellos de adjudicarse el bien en caso de subasta desierta
    • g.- Derecho de los ejecutados a participar en el reparto del precio de remate

II.- Derechos de los acreedores

• 1.- Cargas hipotecarias
• 2.- Anotación preventiva de embargo

III.- Existencia de un derecho de uso sobre la vivienda atribuido en un proceso de crisis matrimonial

Procuradores, oficiales o empleados de despacho. Alumnos de grado en derecho o máster.