La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha dado un paso decisivo en la configuración del procurador como agente de ejecución. Por primera vez, la ley atribuye expresamente a los profesionales de la procura la realización de actuaciones materiales propias del proceso de ejecución.

Esta actividad formativa analiza el alcance real de esa atribución: qué actuaciones pueden delegarse, con qué requisitos y límites, cómo se articula el control jurisdiccional y qué consecuencias prácticas tiene para el procurador, para el ejecutante y para la oficina judicial.