Los Registros públicos revisten extraordinaria importancia, pues a a la sociedad en general y a los poderes públicos en particular, les interesa que determinados hechos, actos o negocios jurídicos relativos a diversos sujetos de derecho, puedan ser conocidos por los restantes miembros de la comunidad. Por ello surge la necesidad de dotar a las relaciones jurídicas en general, e inmobiliarias en particular, de mecanismos de seguridad, cuyo objeto sea publicitar dichos actos con el objeto de que puedan ser conocidos por terceros.

De ahí que, siendo una práctica común que el procurador presente directamente documentos notariales y judiciales y en los Registros Públicos, como representantes o apoderados de sus clientes, la primera sesión del curso se enfoca desde una visión práctica del ordenamiento del Registro, pretendiendo abordar todos los aspectos que interconectan la práctica procesal y la registral en los que el procurador está llamado a ser la pieza clave para proteger los derechos de su cliente frente a terceros, en cuanto especialista que lleva a cabo las actuaciones jurídicas necesarias en la vía de apremio jurisdiccional a fin que su representado sea satisfecho en sus pretensiones y se reduzcan los tiempos de los procesos judiciales.

Es el caso del diligenciamiento de los mandamientos judiciales dirigidos al Registro (cómo se debe diligenciar, plazos, dónde y cómo debe hacerse, evitar caer en posibles defectos que pueda señalar el registrador en su calificación, caducidad de las anotaciones, controlar los tiempos, etc., o del uso de los medios telemáticos para facilitar el acceso de los documentos a los registros, la consulta de sus asientos o la obtención de certificaciones… También el Registro Mercantil presenta una relevancia especial en el tráfico económico-empresarial, al ser la institución jurídica donde se reflejan los acontecimientos, actos y vicisitudes relacionadas con los empresarios, y donde quedarán registrados, y estarán a disposición de todos los interesados en su conocimiento, acto como su constitución, reglas de funcionamiento, personas que representan a la sociedad, así como todas aquellas medidas judiciales o resoluciones judiciales o administrativas que les afecten. Tampoco cabe descuidar el funcionamiento ordinario de otras oficinas administrativas, que reciben igualmente el nombre de “Registros”, cuyo conocimiento resulta esencial para quien ejerza la Procura, como el Registro de Bienes Muebles (secciones y actos o derechos inscribibles), el Registro Público Concursal o el Catastro inmobiliario.