A iniciativa del Gobierno de la Nación, actualmente se está tramitando en las Cortes Generales el proyecto de ley que modifica el acceso a las profesiones de abogado/a y de procurador/a de los tribunales para adaptar la legislación española al derecho europeo.

Se trata de una regulación particularmente relevante, pues a través de esta reforma se pretende dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente de acceso y condiciones de ejercicio de las profesiones de abogado/a y de procurador/a y a la interacción entre una y otra, que llevaron al Ejecutivo comunitario a abrir un procedimiento de infracción al respecto a España; siendo el principal cambio el establecimiento del acceso único a las profesiones de abogado/a y de procurador/a, de modo que se exigirá el mismo título académico -el Grado en Derecho- y el mismo Máster de capacitación, aunque se mantiene la separación en la práctica profesional, por lo que no podrán ejercerse simultáneamente, si bien se flexibiliza la reserva de actividad, permitiendo que los/las abogados/as puedan asumir las funciones que son propias de los/las procuradores/as y viceversa. A su vez, se permitirán las sociedades profesionales mixtas para que en un mismo despacho profesional se puedan prestar todos los servicios jurídicos necesarios para comparecer ante los tribunales de justicia; al tiempo que se limita aún más que en la actualidad la cuantía total que un/a procurador/a podrá devengar por un mismo asunto, eliminándose los límites mínimos. Se pretende de esta manera, por medio de estas reformas, conciliar la libre prestación de servicios jurídicos sin menoscabar la eficacia de la administración de justicia en España, y ello en términos compatibles con las directivas comunitarias.

Dado que el proyecto de ley se aplicará desde que entre en vigor a quienes estén ya colegiados/as como abogados/as y/o procuradores/as o en condiciones de hacerlo, además de regular la situación de quienes en ese momento estén realizando la formación exigida por la Ley 34/2006 (másteres universitarios o cursos de formación de escuelas de práctica jurídica) o estén pendientes de realizar la prueba estatal de evaluación de la aptitud profesional, el curso resulta de gran actualidad e interés tanto para los profesionales en ejercicio como para los estudiantes de los másteres en abogacía y en procura (de las universidades españolas y de colegios de abogados y de procuradores) y para los estudiantes del Grado en Derecho que pretendan en el futuro acceder a estas profesiones jurídicas, permitiéndoles conocer de primera mano el futuro sistema de acceso y de ejercicio de la abogacía y de la procura de la mano de ponentes que han efectuado un seguimiento directo del anteproyecto y proyecto de ley desde las diferentes responsabilidades que ostentan en las corporaciones de derecho público a las que pertenecen.

Cualquier Procurador, Abogado o Licenciado en Derecho, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el mismo despacho.