La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha dado un paso decisivo en la configuración del procurador como agente de ejecución. Por primera vez, la ley atribuye expresamente a los profesionales de la procura la realización de actuaciones materiales propias del proceso de ejecución.

Esta actividad formativa analiza el alcance real de esa atribución: qué actuaciones pueden delegarse, con qué requisitos y límites, cómo se articula el control jurisdiccional y qué consecuencias prácticas tiene para el procurador, para el ejecutante y para la oficina judicial.

Programa

1. 1. El nuevo marco legal.
   2. El poder y el consentimiento informado
   3. El cauce procesal de la delegación
   4. Contenido de las actuaciones de ejecución delegables
   5. Límites y garantías.
   6. Redacción actas de la actiovidad delegada

Objetivos

Que los asistentes identifiquen con precisión qué actuaciones de ejecución puede asumir hoy el procurador y cuáles quedan excluidas, conozcan el procedimiento para solicitar y documentar la delegación y valoren el impacto de la reforma en la agilidad de la ejecución y en la descarga de los servicios comunes.

Procuradores, oficiales o empleados de despacho. Alumnos de grado en derecho o máster.