La Fiscalía Europea nace ante la constatación de la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos de los Estados Miembros para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y, por tanto, los intereses de la ciudadanía europea en su conjunto; configurándose como un órgano común a los estados miembros pero independiente de éstos.

A pesar de ser regulada mediante Reglamento, norma que tiene eficacia directa en los ordenamientos nacionales, la Fiscalía Europea requiere de una adaptación y encaje en los sistemas procesales nacionales. En nuestro sistema estos ajustes son particularmente complejos dada la singularidad que a día de hoy representa la instrucción judicial. El modelo que implanta el Reglamento, en sintonía con la mayoría de los Estados de la Unión, atribuye la dirección de la investigación penal a la Fiscalía Europea, siendo también la autoridad que decidirá sobre su terminación, postulando o no a continuación el ejercicio de la acción penal. Es por ello que se hace necesaria una regulación tan completa como específica que, de forma transitoria y hasta se produzca a nivel nacional el necesario cambio de modelo procesal penal, inserte en la legislación aún vigente las figuras previstas en el Reglamento, evitando antinomias y anudando nuestro sistema procesal a la nueva institución europea. Una regulación capaz de conectar el modelo decimonónico de enjuiciamiento actualmente vigente con las lógicas propias del proceso penal moderno, ya implantado en la práctica totalidad de países de la Unión.

La incorporación de España a la cooperación reforzada para la implantación de la Fiscalía Europea cierra el largo camino hacia un nuevo modelo procesal penal. Es por ello que la presente ley constituye, además de un ejercicio de adaptación normativa, un vehículo hacia el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Vehículo que, sin embargo, debe ser entendido como paso intermedio y no definitivo en la transición entre modelos. Así, la norma parte de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que resultará de aplicación supletoria, para, apoyándose en esta regulación, incorporar a nuestro ordenamiento las lógicas del que habrá de ser el futuro proceso penal.

Los profesionales de la procura, como expertos en derecho procesal, no puede permanecer ajenos a los cambios procesales que se avecinan en el sistema procesal penal, de los cuales este Anteproyecto de Ley Orgánica es un buen ejemplo, por las novedades procedimentales que introduce tanto en el sistema de investigación como en la novedosa regulación fase intermedia o en sede de medidas cautelares, por poner sólo algunos ejemplos.

Procuradores, oficiales habilitados y empleados de despacho.